Existen innumerables normas de cuidado del agua, pero muchas veces los gobiernos o las empresas no las cumplen. En estos casos interviene el Tribunal Latinoamericano del Agua. Su presidente, Javier Bogantes, explica de qué forma se atienden las denuncias.
El Tribunal Latinoamericano del Agua es una instancia internacional «creada con el fin de contribuir a la solución de controversias relacionadas con los sistemas hídricos en América Latina». Es un tribunal ético que se dedica a estudiar en profundidad cada caso denunciado. A fines de 2012, ese tribunal tuvo su sexta audiencia en Argentina, más precisamente en la Facultad de Derecho de Buenos Aires donde trató cinco casos, tres de ellos perteneciente al país.
En diálogo con Tiempo Argentino su presidente, Javier Bogantes, explicó de qué forma trabaja el tribunal, cómoa elige los casos y cuál es su aporte concreto a las controversias generadas en torno a los problemas hídricos.
-–¿Qué es exactamente el Tribunal del Agua?
–El Tribunal Latinoamericano del Agua se forma en 1998. Comienza con un proceso de investigación, de consulta sobre la situación de las normativas legales, de todo lo que tiene que ver con lo jurídico en América Latina en relación con el agua. Así fuimos descubriendo que existía y existe una crisis de legalidad porque hay una serie de normativas internacionales, normativas de cada país que en realidad no se están cumpliendo y que de esta forma están poniendo en peligro no sólo los sistemas hídricos de toda la región latinoamericana, sino también la paz social, porque se generan muchos conflictos por la no aplicación de políticas coherentes con la protección del medioambiente en lo que se refiere al agua. A partir de esta comprobación tiene lugar la primera audiencia del Tribunal que se realizó en el año 2000 en San José y en la cual se vieron casos de gran importancia, principalmente centroamericanos. Fue una experiencia muy interesante porque hubo representantes del Ministerio de Ambiente de Costa Rica y también de algunas empresas de Centroamérica. Algunos demandados aceptaron la intervención del Tribunal y se comprometieron a solucionar los problemas por los que eran demandados.
–¿Cuántas audiencias se han realizado hasta el momento?
–Se han realizado seis audiencias. La última fue en Buenos Aires.
–¿De qué forma se compone el Tribunal?
–Se compone de un equipo de gestión, un grupo consultivo que funciona en toda América Latina y para las audiencias se conforma un jurado que se nombra especialmente.
–¿Ese jurado está integrado por especialistas en el tema hídrico?
–En realidad, los especialistas están en una comisión científico-técnica que analiza los casos antes de que el jurado se siente a deliberar. En algunos casos, cuando se trata de un tema muy específico se contrata a especialistas en el tema. El jurado es un jurado de notables, de personas que tienen una gran credibilidad desde el punto de vista ético, moral, científico o artístico. Este jurado emite veredictos en el campo ético pero también en el campo científico-técnico, porque el Tribunal no es sólo un tribunal ético, sino que se fundamenta en una serie de tratados, de convenios y de declaraciones internacionales que muchos países han ratificado. El Tribunal trabaja en la implementación de estos convenios que muchas veces no se cumplen, que se convierten en letra muerta, que tienen buenas intenciones pero que no buscan la aplicación en lo que tiene que ver con el tema de la protección del agua y del derecho al acceso a ella que tienen las poblaciones. El derecho humano al agua es uno de los principios que defiende el Tribunal desde el punto de vista doctrinario.
¿Cuál es el mecanismo para que constituya una audiencia?
–El Tribunal actúa una vez que hay una denuncia. Nosotros no vamos directamente a buscar los casos. Cuando hay una denuncia se eligen los casos a partir de varios criterios. Uno de los criterios es la importancia del ecosistema afectado, del cuerpo de agua afectado o la situación de inequidad que puede darse entre la población y los gobiernos o las empresas que han sido demandados. El criterio se extiende también a los casos de negligencia que hacen sospechar que puede haber algún tipo de contubernio entre empresas y gobiernos o situaciones anómalas que ponen en evidencia que hay un incumplimiento de la legalidad o de los valores éticos que están inmersos en los tratados, declaraciones y convenios internacionales. Cuando se presenta un caso hay un período bastante largo de análisis que puede demandar un año en el que los expertos analizan todas las pruebas.
–El jurado, supongo, emite un veredicto.
–Sí, después de hacer una audiencia pública en la que se siguen todos los pasos para cumplir con el debido proceso. Se invita a ambas partes, a denunciados y denunciantes a que respondan públicamente sobre la demanda. En general, a los demandados se los convoca 25 días antes de la audiencia para que se presenten a ella.
–¿Cómo surgió el Tribunal? ¿Es una iniciativa de particulares?
–Surge de un proceso a nivel de América Latina luego de una experiencia que hubo en Holanda que fue el Tribunal de Amsterdam. Se le dio continuidad a esta iniciativa a través de la interacción de ciudadanos latinoamericanos y academias. El Tribunal no depende de ningún Estado, es un tribunal de la sociedad civil. Es muy importante entender que se trata de una alternativa cuando la legalidad y los procesos administrativos de los gobiernos no han funcionado. Cuando alguien acude al Tribunal es porque no se le ha hecho justicia. Si hubiera justicia ambiental, si se cumplieran todas las normativas que existen, nadie acudiría a él. Si bien sus veredictos no son vinculantes desde una perspectiva positivista del Derecho, obtiene cierta vinculación desde el punto de vista de lo que nosotros llamamos «la ética exigente» que es una ética de la cual depende la vida en el planeta. Por eso decimos que es «exigente» porque ya no queda al libre albedrío de un gobierno o una empresa cumplir o no porque existe una concientización a nivel global sobre los problemas ambientales.
–Es decir que el Tribunal no tiene un poder punitorio en el caso de que el jurado encuentre culpables a los demandados.
–No hay un poder punitorio, hay un poder en el sentido de conciencia y también de argumentos científicos porque trabajamos a partir de esos argumentos. No se establece ningún tipo de tratado con los gobiernos porque, definitivamente, ningún gobierno daría su anuencia para que se regulen los temas que tienen que ver con el agua. Desde el punto de vista de los valores, en cambio, podemos decir que así como hay una globalización del mercado, también hay una globalización de la ética para contrarrestar la gran globalizción comercial, mercantil, que sólo piensa en una explotación a corto plazo de los recursos sin ver las consecuencias que su accionar tiene para las presentes y futuras generaciones y para los diferentes sistemas hídricos de América Latina.
–¿Cuáles fueron los casos que se trataron en Buenos Aires en la Facultad de Derecho?
–Los casos que se eligen son siempre casos emblemáticos que se dan en diferentes países de la región por lo que, de alguna manera expresan una tendencia en la afectación de los sistemas hídricos y en las garantías del derecho de las comunidades al agua. En Buenos Aires se analizaron cinco casos. El primero es lo que se dio en llamar Colapso Socio-ambiental en la República Mexicana que fue una demanda contra el Estado mexicano. Lo que está sucediendo en México es sumamente interesante desde el punto de vista político y ambiental. Estamos hablando de un Estado que no funciona para solucionar los conflictos que tienen que ver con la protección del agua. En casi todo el país se están deteriorando los ecosistemas hídricos lo que pone en peligro la potabilidad del agua El Distrito Federal, Jalisco y otras poblaciones dependen del agua embotellada porque no está garantizada el agua potable para la población. Es un país que se ha abierto totalmente a un criterio de explotación de mercado que daña los sistemas hídricos. También se trató el caso de Perú donde en relación con el tema del agua ha habido grandes enfrentamientos sociales, ha habido muertos, por la instalación de una compañía llamada Yanacocha que tiene el proyecto de explotar yacimientos de minerales en cinco lagunas de gran importancia para el abastecimiento de la población.
–¿Se presentaron también casos referidos a la Argentina?
–Sí, los tres casos restantes de los cinco que se trataron tienen que ver con Argentina. Uno es el del proyecto Pascua Lama que definitivamente contradice toda política de protección de ambiente. En un momento en que se habla de la importancia de los glaciares para contrarrestar el calentamiento global, explotar yacimientos de minerales en lagunas a 5000 metros de altura, en glaciares, es un proyecto que puede causar impactos irreversibles. Este caso fue presentado por el Observatorio Latinoamericano que es una organización chilena porque el 45% de la explotación tiene lugar en Chile y el resto en la Argentina. El otro caso es el La Pampa contra Mendoza. Ya el año pasado hicimos una gira de reconocimiento, visitamos en helicóptero toda la región del Atuel que nace en la zona andina de Mendoza y va hacia la pampa seca. En este momento, hay políticas hídricas en Mendoza que obstaculizan el flujo de este río y que están produciendo un problema de desertización acelerada que afecta no sólo el desarrollo de La Pampa, sino también a las comunidades indígenas que estaban allí, los ranqueles, por ejemplo, y otras comunidades pampeanas que de pronto se quedaron sin agua. Es un caso emblemático entre dos provincias entre las que se da un caso de inequidad.
–¿Cuál es el tercer caso que se analizó?
–El de González Catán, que tiene que ver con la forma en que se está trabajando el problema de la basura en toda la región de La Matanza que afecta las aguas superficiales y, según los denunciantes, también las aguas subterráneas. Hay una gran situación de incertidumbre por parte de las comunidades aledañas al basurero. El Ceamse se presentó a la audiencia. La argumentación es que ellos estarían sacando el basural de esta región, pero que no tienen dónde poner la basura. Esto nos lleva a pensar sobre el desarrollo del modelo de desarrollo y de tratamiento de los desperdicios en que estamos inmersas las sociedades de América Latina. Por eso es tan importante el tratamiento de casos emblemáticos. Esto que sucede en el Gran Buenos Aires está sucediendo también en Perú, en México, en casi todos los países latinoamericanos porque la cantidad de basura excede las posibilidades de ubicación de la misma. Otro argumento del Ceamse es que las comunidades fueron llegando después de la instalación del basurero, lo que las comunidades niegan. La doctora Silvia Nonna, secretaria académica de la Facultad de Derecho, quedó a cargo de seguir el proceso de conciliación. Importa rescatar aquí que tuvimos un gran apoyo por parte de la Facultad de Derecho de Buenos Aires y también de ALOAS que es la Asociación Latinoamericana de Operadores de agua.
–¿En que se diferencia el Tribunal Latinoamericano del Agua de otros tribunales de conciencia?
–En el proceso de investigación científica y técnica, el proceso probatorio que acompaña cada caso.
–¿El derecho humano de acceso al agua es incompatible con la economía de mercado?
–Sí, absolutamente. Existen leyes de protección ambiental, pero los poderes pasan por encima de estas leyes, no las respetan. «
Lugar de desechos
«Los países latinomericanos –dice Bogantes– nos estamos convirtiendo en lugares de desecho de la basura estadounidense o en lugares de implementación de las tecnologías de producción más sucias.
En Jalisco, por ejemplo, luego del tratado de libre comercio México-Estados Unidos se instalaron grandes plantas de procesamiento relacionadas con la producción porcina que terminaron por contaminar el Río Verde. Estos cerdos pertenecen compañías estadounidenses, grandes compañía que producen cerdos en México y lo venden en Estados Unidos. Además, hay una tendencia generalizada que tiene que ver con la expansión minera. Canadá es uno de los países más ricos en minerales, pero las explotaciones no se realizan tanto en Canadá y cuando lo hacen allí, cumplen estrictamente con las normas socioambientales que no cumplen en los diferentes países de América Latina de los cuales hemos recibido casos. Otra tendencia es el desarrollo de grandes monocultivos como la piña en Puerto Rico, el banano en Ecuador o la soja en Argentina. La ganancia que se obtiene de los monocultivos es momentánea, porque los suelos van a quedar deteriorados por el monocultivo y por el uso de glifosatos que van acabando con el ecosistema, van contaminando las aguas. De hecho ya se puede comprobar en muchos lugares que no hay lombrices, no hay ranas. El monocultivo es un sistema de gran dependencia. En el caso de la soja, la dependencia es de China.
Hemos recibido un caso de Córdoba de fumigación aérea con posible afectación de un acuífero. A través de estos casos vamos visualizando lo que llamamos ‘las estrategias erróneas’ que implementan casi todos los gobiernos de América Latina sin que importe que sean de izquierda o de derecha. Todos olvidan la relación entre desarrollo productivo y protección ambiental. No hay buenos negocios cuando estamos poniendo en riesgo lo esencial de América Latina que es el agua y la tierra. Hay que buscar un modelo en que las condiciones esenciales para la vida no se pongan en peligro.»
Fuente: Mónica López Ocón- El Argentino – 27-01-13
